Gobierno del Estado de Chiapas.
El 4 de julio de 1997, el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro firmó un convenio con Paz y Justicia, en el que se comprometió a otorgar a este grupo un total de 4 millones 600 mil pesos con objeto de "apoyar y fomentar la actividad agroproductiva". Este convenio fue signado por 64 representantes de Paz y Justicia y por:

• El Lic. Homero Tovilla Cristiani (entonces secretario de gobierno del estado),
• el Lic. Uriel Jarquín Gálvez (entonces subsecretario general de gobierno) y
• también firma, como "testigo de honor", el general Mario Renán Castillo, entonces comandante de la VII Región Militar.
• Cuerpos de Seguridad Pública y Ejército Nacional Mexicano.
• Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Han sido solapados, tolerados y en ocasiones auxiliados por las policías estatal y municipal. Se relacionan con otras fuerzas especiales como el "Cuerpo Maya", y probablemente con el grupo "Fuerza y Reacción", ambos, grupos policiacos con adiestramiento militar. Confederación Nacional Campesina (CNC). Cuerpos de Seguridad Pública de Tabasco en Macuspana y Tacotalpa. Mantienen alianzas con el grupo paramilitar Los Chinchulines.

En el Centro Prodh hemos registrado 40 nombres de dirigentes e integrantes, y apoyos de Paz y Justicia, entre ellos:

• Samuel Sánchez Sánchez, diputado del PRI por el VIII distrito (Yajalón), líder de Socama; fundador, vocero, "coronel y general" de Paz y Justicia.
• Marcos Albino Torres López, ex militar de Masojá Grande, en Tila; primer regidor de este municipio; señalado como quien proporciona entrenamiento al grupo Paz y Justicia.
• Wulfrano Martínez, de El Crucero (Tila), señalado como quien controla al grupo paramilitar.
• Juan Martínez Pérez, ex presidente del Concejo Municipal de Tila y dirigente de Paz y Justicia en la comunidad de Agua Fría.
• Benedicto Jaime Pérez, presidente municipal priísta de Sabanilla.
• Walter León Montoya, diputado federal del PRI por el I distrito y coordinador de los diputados priístas chiapanecos, quien en junio de 1996 promovió la independencia del estado de Chiapas.
• Alí Cancino Herrera, diputado federal del PRI por el III distrito, a quien se ha relacionado (junto con Walter Montoya) con Lyndon Larouche, político millonario estadounidense, quien financia y promueve grupos de ultraderecha en México.
• Dionisio Purón Sordo, ganadero y ex administrador de la Finca Morelia (Tila), último latifundio de la región.
• Jesús Celis Gullén, ex presidente municipal, señalado como quien otorga financiamientos y armas al grupo Paz y Justicia

Paz y Justicia es el grupo paramilitar del que se tiene mayor documentación en México. Dirigido por la elite de comisariados ejidales de Tila y Tumbalá, con filiales en los municipios de Amatán, Huitiupán y Palenque, su zona de operaciones ha sido la zona Norte de la Selva y se le ha reconocido como la prueba "piloto" de la táctica paramilitar-contrainsurgente. En el tiempo en que se desarrolló el "diálogo de San Andrés" corrió en forma paralela, invisible, el adiestramiento militar y la conformación ideológica de los integrantes de Paz y Justicia que ösegún múltiples testimoniosö fueron otorgados por el Ejército Mexicano.

Este grupo se ha organizado con un Estado Mayor e integra a oficiales en sus mandos. Durante meses ha cancelado la libertad de circulación en los caminos de los poblados que domina y mantenido acciones violentas contra quienes considera sus opositores.

Por medio de Paz y Justicia se ha alentado el encono en la base social campesina, de signo priísta, en la zona, convenciendo en forma perversa öcon rumores entre la población y acusaciones gratuitasö, de que la Iglesia Católica öen especial, la diócesis de San Cristóbalö y las ONG de derechos humanos apoyan y llevan armas a los simpatizantes del EZLN en la zona. Se presenta a PRD, EZLN, ONG e Iglesia Católica como un sólo bloque amenazante, contrario al Gobierno. Justifican la posesión de armas como "autodefensa" y se presentan con el nombre "Desarrollo, Paz y Justicia, A.C." para legitimar el acceso a los recursos oficiales.

Paz y Justicia surge justo cuando el PRI ve amenazado su dominio político en la zona Norte de la Selva. Su fase de entrenamiento se ubica en fechas inmediatas al fracaso parcial de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, al establecimiento de la Ley del Diálogo y de los primeros encuentros de negociación en San Andrés Larráinzar (marzo de 1995).

Algunas acciones violentas que ha emprendido este grupo contra grupos opositores son:

• Siembra de retenes armados y control de caminos.
• Credencialización de comunidades para "autorizar" el libre tránsito.
• Privación ilegal de la libertad.
• Instalación de mesas de ajusticiamiento.
• Prohibición de ingreso de catequistas y sacerdotes a municipios enteros.
• Amenazas de muerte a individuos y a comunidades (como la reciente hecha el 3 de enero de 1998 en Nuevo Limar, Tila: "todos tienen que morir como los de Chenalhó, porque tenemos orden del gobierno").
• Violaciones a menores.
• Golpizas a hombres y mujeres.
• Atentados.
• Emboscadas.
• Expulsiones.
• Allanamientos.
• Desapariciones forzadas de personas.
• Ataques con bombas molotov.
• Provocación de desplazamientos y abandono de comunidades.
• Impedimento del retorno de población desplazada.
• Asesinatos.
• Tomas de templos católicos.

Muchas de estas acciones se han realizado ante la vista o incluso con el apoyo y la participación directa de elementos de Seguridad Pública.

Estas acciones violentas han provocado, de febrero de 1995 a octubre de 1997, un saldo estimado de:
40 asesinatos de simpatizantes zapatistas, 4 mil 112 desplazados en la zona Norte de la Selva, 23 simpatizantes zapatistas presos, 21 secuestros y 17 heridos (hasta mayo de 1997)